Lanzarote se enfrenta a una transición energética diseñada en los despachos al servicio de las multinacionales

Pedro Hernández ayer en el programa de radio Elpejeverde, 90.2 FM 

Pejeverde

Durante los últimos ocho meses, el debate sobre el futuro energético de Lanzarote se ha convertido en una ceremonia de la confusión. La discusión pública entre el Cabildo insular y el Gobierno de Canarias se ha limitado a un intercambio técnico sobre las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR): correcciones cartográficas, límites de superficie y exclusiones de espacios. Sin embargo, para el profesor y activista Pedro Hernández, esta disputa institucional es solo una cortina de humo. "La cuestión de fondo no es el mapa", advierte. "El problema real es el modelo de transición energética que se pretende imponer en Lanzarote".

A través de un contundente análisis, Hernández desgrana cómo las administraciones han reducido a un mero trámite técnico una decisión que es "profundamente política, territorial y social". El activista denuncia que, bajo la excusa innegable de la urgencia climática y la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, se está hurtando a la ciudadanía el debate esencial sobre qué modelo energético necesita una isla frágil y limitada.

La alerta de Hernández es clara: tanto el Gobierno autonómico como el Cabildo parecen coincidir en aceptar el mismo modelo depredador desplegado en otras islas, basado en grandes instalaciones industriales que ocupan vastas extensiones de suelo rústico. "Se trata, en la práctica, de sustituir un sistema fósil centralizado por otro renovable igualmente centralizado, controlado por las mismas grandes compañías energéticas", lamenta. En este escenario diseñado a medida, "el viento y el sol —recursos naturales que pertenecen a todos— se convierten en la materia prima gratuita para grandes operadores privados, mientras el territorio asume los impactos y las comunidades locales quedan al margen de los beneficios".

La alternativa ignorada y los despachos opacos

Lo más sangrante para el activista es el silencio institucional frente a las alternativas sostenibles. Hernández denuncia que la administración ni siquiera plantea priorizar la instalación de renovables en espacios ya antropizados, como cubiertas de edificios, polígonos industriales o aparcamientos. Tampoco se fomenta el autoconsumo distribuido ni las cooperativas ciudadanas. Lejos de democratizar la energía, la reciente convalidación en el Parlamento del decreto ley de las ZAR confirma, a su juicio, una clara directriz: "Acelerar los procedimientos para facilitar la implantación de proyectos renovables a gran escala".

Para el profesor, "acelerar un modelo equivocado no conduce a una transición justa", sino al rechazo social y a la degradación irreversible del paisaje volcánico y agrario que ha dado fama internacional a Lanzarote. Una amenaza que, asegura, se está gestando desde el oscurantismo y mediante "decisiones tomadas exclusivamente en despachos con políticos y técnicos escorados al servicio de las multinacionales eléctricas".

 

Los antecedentes en el archipiélago no invitan al optimismo. Hernández pone como ejemplo la destrucción del barranco de Arguineguín en Gran Canaria, un modelo que ahora amenaza con desembarcar en Lanzarote. "La transición energética es una oportunidad histórica", concluye el texto, "pero si se gestiona desde la opacidad y al servicio del oligopolio eléctrico, puede terminar convirtiéndose en un nuevo conflicto territorial". El mensaje final es un llamamiento directo a recuperar el espíritu de César Manrique: aún estamos a tiempo de evitar que la energía verde se convierta en la excusa para la enésima apropiación del territorio insular.