El Cabildo abre 115 expedientes contra construcciones ilegales en suelo rústico de Lanzarote en 2025
La huella del ladrillo en el paisaje: ejemplo de obra en suelo rústico bajo vigilancia medioambiental
Pejeverde
La presión sobre el territorio de Lanzarote no cesa. El Cabildo insular, a través del Área de Medio Ambiente, ha confirmado la tramitación de 115 expedientes durante el año 2025 por infracciones urbanísticas y medioambientales, un dato que pone de relieve la persistencia de construcciones sin licencia y la instalación de estructuras ilegales en suelo rústico y espacios protegidos.
El mapa de la ilegalidad urbanística señala directamente al norte de la isla: Haría encabeza la lista negra con 31 denuncias, seguido muy de cerca por Teguise con 27 expedientes, concentrando entre ambos municipios la mitad de las infracciones detectadas por los Agentes de Medio Ambiente. La lista se completa con Tinajo (18), Yaiza (14), Tías (11), y en menor medida Arrecife (8) y San Bartolomé (6), estos últimos con menor superficie de suelo rústico afectado.
Ante estas cifras, que se suman a los aproximadamente 670 expedientes similares tramitados en los últimos cuatro años, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha mostrado una postura firme, subrayando que en una isla de territorio limitado y reconocida como SIPAM, "cada construcción ilegal tiene un impacto directo sobre el paisaje y los recursos naturales". Betancort ha insistido en que la protección del territorio es una "obligación legal y una responsabilidad colectiva" con las futuras generaciones. Por su parte, el consejero del área, Samuel Martín, ha destacado la labor de vigilancia de los agentes para frenar estas intervenciones que, a menudo, buscan encubrir usos residenciales bajo la apariencia de infraestructuras agrícolas. Para combatir esta problemática endémica, la Corporación está elaborando un catálogo detallado de infracciones que permitirá a los ayuntamientos tener una radiografía clara de las irregularidades en sus municipios y mejorar la coordinación preventiva, recordando que edificar al margen de la ley puede acarrear severas sanciones económicas y daños ambientales irreversibles.
Las cifras hablan por sí solas: 115 expedientes en un año, casi 700 en cuatro. La realidad es que la "política de hechos consumados" —construir primero y esperar la multa después— sigue muy viva en Lanzarote, especialmente en zonas de alto valor paisajístico como Haría y Teguise. El Cabildo acierta al señalar el problema de los "usos residenciales encubiertos", esas presuntas herramientas agrícolas que terminan siendo segundas residencias en suelo protegido. Sin embargo, la tramitación de expedientes es solo el primer paso burocrático. La verdadera disuasión llegará cuando la ciudadanía vea que estas infracciones no solo acaban en papel mojado o multas asumibles, sino en la restitución efectiva de la legalidad urbanística, es decir, en la demolición de lo construido ilegalmente en el corazón de nuestro paisaje protegido.