Más población, más responsabilidad: El criterio que podría cambiar la acogida de menores migrantes
EFE/Gelmert
PJ
El Gobierno ha dado un paso más hacia la resolución de una de las crisis más apremiantes de Canarias: la saturación de los centros de acogida para menores migrantes no acompañados. En una reunión sostenida en Madrid, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro Ángel Víctor Torres pusieron sobre la mesa una propuesta que, en su esencia, busca distribuir la carga de estos menores entre las comunidades autónomas según un criterio inequívoco: el de la población. Un criterio que, a ojos de muchos, destila una cierta lógica y una voluntad de equidad.
El principio es claro: las comunidades con mayor número de habitantes deberán acoger a más menores, un reflejo de su capacidad poblacional para asumir responsabilidades sociales. Este planteamiento podría poner fin a las tensiones generadas entre regiones que, como Canarias, se han visto desbordadas por el número de llegadas. La propuesta, además, lleva consigo una condición ineludible: las plazas necesarias para cumplir con esta redistribución serán financiadas por las propias comunidades, y solo cuando se rebase el umbral del 100% de saturación será el Estado quien asuma el coste adicional.
El Partido Popular y el Gobierno de Canarias, a pesar de no haber rechazado la propuesta de manera frontal, la han acogido con prudencia. Miguel Tellado, portavoz del PP, y Fernando Clavijo, presidente canario, no han disimulado su escepticismo respecto a las cifras presentadas por el Ejecutivo central. En un contexto donde la desconfianza política es la norma, ambos líderes prefieren analizar al detalle los números antes de dar un paso en falso. No es extraño que, en un tema tan delicado como la acogida de menores migrantes, cualquier decisión se tome con extrema cautela.
Por su parte, el Gobierno central ha mostrado su disposición a desbloquear fondos para ayudar a las comunidades en la gestión de esta crisis. La vicepresidenta María Jesús Montero, que en un principio había congelado la cofinanciación solicitada por Clavijo, parece haber cambiado de parecer, al menos en parte. El presidente canario ha sido claro: sin un incremento presupuestario sustancial, las 11 comunidades gobernadas por el Partido Popular no aceptarán la derivación de menores desde Canarias. La acogida de estos menores, según Montero, es una competencia autonómica, pero el compromiso de "estudiar" cómo el Estado podría colaborar ha abierto una puerta de diálogo que antes parecía cerrada.
No es un acuerdo definitivo, pero sí una señal de que las posiciones se acercan. La reforma de la Ley de Extranjería podría estar más cerca que nunca de materializarse, y con ella, una solución que permita a Canarias respirar ante el colapso de su sistema de acogida. El modelo planteado por Rego y Torres, aunque aún en discusión, responde a una necesidad apremiante: la de compartir la responsabilidad de la crisis migratoria entre todas las regiones del país, de una manera equitativa y proporcional a sus recursos.
Sin embargo, el debate va más allá de los menores migrantes. Comunidades como Andalucía ya han expresado su preocupación de que este criterio poblacional podría extrapolarse a otros aspectos del sistema de financiación territorial. La idea de que las regiones más pobladas carguen con mayor responsabilidad plantea preguntas que aún no tienen respuesta, pero que podrían reconfigurar no solo la acogida de migrantes, sino la propia estructura financiera del Estado.
Al final del día, lo que está en juego no es solo un acuerdo puntual sobre los menores migrantes, sino el propio concepto de solidaridad entre comunidades autónomas en tiempos de crisis. La promesa de liberar fondos para atender esta emergencia migratoria marca un avance, pero la negociación sigue siendo delicada y el desenlace, incierto.