La trama de las mascarillas defectuosas: Intrigas y ajustes post facto en el SCS
PJ
En un periodo crítico marcado por la urgencia y la necesidad, la gestión del Servicio Canario de la Salud (SCS) bajo el escrutinio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela una serie de eventos que parecen sacados de una novela de intriga y suspense. La historia comienza con una rapidez impresionante: la solicitud, facturación y recepción de las primeras mascarillas se sucedieron en menos de 24 horas. Lo que siguió fue una cadena de acontecimientos que desdibujan la línea entre la improvisación y la posible mala praxis, incluyendo acuerdos contractuales realizados a destiempo y materiales entregados que no cumplían con los estándares requeridos.
Esta crónica se enmarca en los esfuerzos del SCS por asegurar el suministro de material sanitario esencial durante los momentos más difíciles de la pandemia. La trama se complica con la implicación de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, en el suministro de millones de mascarillas, algunas de las cuales resultaron ser de un tipo inferior al acordado. Este escenario puso en marcha un complejo baile de números y acuerdos, con contratos formalizados ex post facto para cubrir operaciones ya realizadas, y en algunos casos, mal ejecutadas.
La investigación de la UCO, concluida el 26 de septiembre de 2022, pone de manifiesto las irregularidades en el proceso de adquisición de material sanitario por parte de entidades gubernamentales del PSOE, incluido el SCS. El informe detalla cómo, en la fase álgida de la pandemia, las decisiones críticas sobre el suministro de equipamiento de protección se tomaron con una mezcla de urgencia y desorden administrativo, a veces resultando en la entrega de productos no conformes y la posterior necesidad de ajustes contractuales y financieros.
El caso gira en torno a cuatro contratos adjudicados a Soluciones de Gestión por un total de más de 12 millones de euros. La relación comenzó con un pedido expresamente formalizado de casi 7 millones de euros para 2,75 millones de mascarillas FFP2, que resultaron en entregas parciales de productos que no cumplían las especificaciones. Esta situación llevó a ajustes en los términos de pago y compromisos de entrega de material adicional para compensar el desfase.
Además, la Guardia Civil investigó el pago de aproximadamente 418.000 euros por el transporte de las mascarillas desde China, cuestionando la justificación de este gasto dada la naturaleza intermediaria de Soluciones de Gestión en el transporte de mercancías. Este elemento añade otra capa de complejidad al caso, sugiriendo la necesidad de una revisión más profunda de las prácticas contractuales y de gestión de crisis.
Este relato no solo revela las tensiones y desafíos enfrentados por las instituciones en tiempos de crisis, sino que también plantea interrogantes sobre la eficacia, transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.