Más de 3.000 empleados de larga duración en Canarias podrán convertirse en funcionarios a través de concurso de méritos
PJ
El máximo tribunal judicial en España ha comprobado que los empleados temporales de larga duración que trabajan para el gobierno pueden convertirse en funcionarios permanentes sin tener que pasar por un proceso de oposiciones. Así, se descarta cualquier inconstitucionalidad en el procedimiento implementado por el Gobierno central que permite a estos empleados acceder a empleos públicos de manera excepcional mediante un concurso de méritos. En las Islas Canarias, los esfuerzos de fundidos lanzados en 2022 abarcan a casi 20.000 empleados temporales en los sectores de salud, educación y administración general, así como a los trabajadores temporales en las autoridades insulares y municipios de las Islas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó la posible inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Gobierno central en 2021 para reducir la tasa de empleo temporal hasta el 8% con diferentes medidas. Una de ellas permite que los empleados temporales con más de cinco años de servicio puedan convertirse en funcionarios de carrera sin tener que pasar un examen de oposición, solo mediante la etapa del concurso. Esta ley surgió como respuesta a la necesidad de disminuir la alta tasa de empleo temporal en las administraciones públicas españolas, en cumplimiento con las directrices de la Comisión Europea. La ley establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2024 para reducir la tasa de temporalidad del 40% actual al 8%. En las Islas Canarias, algunos servicios públicos tienen tasas de temporalidad superiores al 50%.
El origen del fallo del Supremo se encuentra en los procesos de certeza en las administraciones locales, y la demanda fue presentada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local. Este grupo, que cuenta con muchas vacantes e interinidades, critica la Administración por la alta tasa de temporalidad en el empleo público y considera "discriminatorio" que aquellos que han trabajado como temporales tengan una mejor posición que otros candidatos, incluso en comparación con los funcionarios de carrera.
El Supremo reconoce que la Administración no ha cumplido adecuadamente con la convocatoria de ofertas de empleo público para reducir la temporalidad. No obstante, señala que la administración local no es una excepción a otras administraciones públicas en lo que respecta al empleo temporal. La ley 20/2021 se aplica a todos los niveles de la Administración, todas las empresas públicas, las entidades públicas empresariales, las fundaciones y los consorcios del sector público, por lo que el proceso de regularización se llevará a cabo en todos estos alcances.
Según el Tribunal Supremo, todos los sectores del empleo público están afectados por esta ley y el objetivo de reducir la tasa de temporalidad al 8% es una "justificación" suficiente para que todos los funcionarios, tanto de las corporaciones locales como el resto de empleados públicos, están sujetos a esta norma, que entraron en vigor a finales de 2021 y que no se consideran inconstitucionales.
La Organización Colegial que presentó la demanda asegura que seguirá actuando y reivindicando la necesidad de una oferta pública amplia de plazas como una de las medidas necesarias para aliviar la crítica situación de las vacantes en el escalafón de habilitados nacionales. Además, ha recordado que impugnó en su momento las convocatorias de los procesos selectivos de certeza, procedimientos que están en trámite.
En las Islas Canarias, la mayoría de los empleados públicos de larga duración son afectados por los procesos de precisión en curso. En el caso de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de las 3.499 plazas ocupadas de manera provisional, 3.242 son de larga duración y podrán obtener la permanencia en su puesto a través de un concurso de méritos, cuyas condiciones ya han sido acordadas entre el Gobierno regional y los sindicatos representantes de la función pública. La ley aprobada en 2021 establece que las Administraciones tendrán la facultad de convocar, de manera "excepcional" y "una sola vez", una serie de plazas a las que podrán optar trabajadores que las estén ocupando "de forma temporal e ininterrumpida antes del 1 de enero de 2016".
La fase de concurso representa un 60% y la experiencia laboral será el factor determinante en la evaluación, lo que da prioridad a estos puestos a los interinos. Los examenes de la fase de oposicion posiblemente no sean eliminados. Además, las diferentes administraciones pueden adaptar el temario y el tipo de pruebas para la validez del empleo.