La consideración popular: ¿Es esta la solución a los problemas de Lanzarote?
s
S. Calleja
En un reciente e inusual giro de los acontecimientos, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancor, ha propuesto poner a consideración de la sociedad de Lanzarote cuánto debería cobrar el presidente cada mes. En una clara respuesta a la campaña mediática que afirmaba que se había incrementado su sueldo, Betancor ha remarcado que aspira a cobrar el mínimo legal correspondiente a su cargo, tal como hizo durante su mandato como alcalde de Teguise. Sin embargo, más allá de las intenciones y la aparente transparencia de Betancor, hay que plantearse si esta decisión no podría ser un arma de doble filo.
La democracia directa, tal como la que propone Betancor, tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, puede aumentar la participación ciudadana y proporcionar a los habitantes de Lanzarote una sensación de control sobre las decisiones políticas. Sin embargo, por otro lado, puede generar una serie de problemas relacionados con la eficiencia de la administración y la toma de decisiones.
En primer lugar, si cada decisión política, por pequeña que sea, debe ser sometida a votación popular, se corre el riesgo de paralizar el funcionamiento del gobierno. Las decisiones políticas suelen ser complicadas, y requieren de un análisis cuidadoso de los factores en juego. Si cada una de estas decisiones tuviera que ser votada por el público, se podría producir un estancamiento en la toma de decisiones debido a la dificultad de llegar a un consenso en un plazo razonable.
Además, si seguimos esta lógica, ¿no deberíamos poner a consideración popular otros asuntos igualmente importantes? El PIOT, el Plan de la Geria, la gestión del agua, la inseguridad ciudadana, la inspección de trabajo, el control de la extranjería, entre otros, son temas críticos que han sido objeto de debate durante los últimos años. ¿Deberían ser sometidos también a votación popular? La complejidad y la magnitud de estos problemas exigen no solo la opinión pública, sino también el conocimiento técnico y la experiencia en gestión pública, algo que puede ser insuficiente en el ciudadano promedio.
Por otro lado, no podemos pasar por alto que el anuncio de Betancor puede verse como una estrategia de distracción ante la incapacidad de la administración de presentar proyectos concretos y alternativas viables para los desafíos que enfrenta Lanzarote. En lugar de abordar estos problemas de frente, se ha optado por desviar la atención hacia una cuestión salarial que, aunque relevante, no debería ser el foco central de la acción gubernamental.
Si bien la propuesta de Betancor tiene méritos en términos de transparencia y participación ciudadana, es esencial preguntarnos si este es el camino correcto para seguir. La democracia directa tiene su lugar, pero no puede ni debe reemplazar una administración eficiente y efectiva. Si lo que se busca es recuperar la confianza de los ciudadanos, será más productivo centrarse en abordar los problemas que realmente afectan a Lanzarote, en lugar de recurrir a tácticas de distracción.