Sin licitación ni rendición de cuentas: Izquierda canaria en el ojo del huracán por la gestión de centros de menores en Lanzarote
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En un caso que pone en entredicho la responsabilidad de la política de izquierdas, se ha revelado la alarmante situación de despilfarro de fondos públicos en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Bajo la dirección en funciones de Noemí Santana, líder de Podemos en las islas, y actual cabeza de lista de Sumar por la provincia de Las Palmas, se otorgaron 12,5 millones de euros para la gestión de cinco centros de menores a una fundación sin registro ni obligación de rendición de cuentas.
Según la Fiscalía Anticorrupción, las contrataciones se realizaron de manera emergente en 2020, sin seguir los procedimientos legales adecuados y sin licitar la gestión por vía ordinaria, como exige la legislación. Además, no se cuenta con una auditoría oficial que revele el uso que se le dio a los fondos por parte de la fundación, a pesar de conocerse el lamentable estado de deterioro en el que se encontraban los centros.
Con los querellados de Lanzarote, E. D. y N. L., aprecia también que «existe una notable diferencia entre el dinero público recibido y el ingresado por la Fundación para los gastos de los centros», según recoge la querella. La Fiscalía apunta a gastos personales.
La investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción reveló un grave incumplimiento de los deberes de control y seguimiento de los contratos tramitados de emergencia. Se detectó un patrón similar en todos los casos investigados, donde más de la mitad del dinero público recibido se retiró en efectivo o se gastó en servicios de dudosa justificación. La fundación aprovechó la falta de supervisión y control para realizar numerosas disposiciones en efectivo, transferencias a cuentas personales y pagos personales, como tratamientos de belleza cargados a las tarjetas bancarias de los centros.
La querella presentada por la Fiscalía se dirige contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, con sede en Madrid, así como contra los directores o exdirectores de los centros involucrados. En todos los casos, se ha encontrado un uso indebido de los fondos públicos, con gastos que van desde chicles para dejar de fumar hasta pastillas para la disfunción eréctil, pasando por restaurantes y tabernas. Además, se sospecha que los precios de los combustibles presentados como gastos son falsos. Anticorrupción ha solicitado una auditoría exhaustiva de cada euro otorgado a la fundación por parte de Canarias debido a las discrepancias en las cifras.
La investigación también revela una notable diferencia entre el dinero público recibido y el ingresado por la fundación para cubrir los gastos de los centros en Lanzarote. La Fiscalía sospecha de gastos personales por parte de los implicados, E. D. y N. L.
Ante las sospechas sobre su gestión, Noemí Santana ha salido al paso defendiendo los contratos de emergencia, alegando que pasaron todos los filtros técnicos y legales y contaban con el aval de la Intervención, debido a la supuesta emergencia y el estado de desmantelamiento de los servicios.
Este caso evidencia una clara falta de responsabilidad y control en la asignación y supervisión de fondos públicos por parte de la política de izquierdas. La ausencia de rendición de cuentas y la falta de auditorías adecuadas plantean serias dudas sobre el manejo de los recursos destinados a la atención y protección de los menores en Canarias. Es imperativo que se realicen investigaciones exhaustivas y se tomen las medidas necesarias para evitar futuros abusos y despilfarros de fondos públicos.